La Procuraduría General de la Nación pidió a la Alcaldía de Riohacha que le informe sobre las acciones emprendidas para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado que han llegado a la ciudad desde el pasado 28 de agosto, procedentes de los corregimientos de Matitas y Tigreras, área rural de la capital de La Guajira, por la presencia del ‘Clan del Golfo’ y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, que se disputan el territorio.

De acuerdo con registros oficiales, son al menos 139 personas de 35 familias que han huido de sus poblaciones por el enfrentamiento permanente de las bandas criminales.

El Ministerio Público pidió además una relación de las gestiones realizadas para brindarles alojamiento temporal, alimentación, acceso a servicios médicos, vestuario y transporte de emergencia, asistencia entendida como la necesaria para la atención inmediata de esa población.

Al mismo tiempo, indagó si el Distrito ya puso en marcha el plan de contingencia y asignó los recursos para atender a los desplazados.

Las entidades territoriales –recordó- tienen el deber de priorizar en la ejecución del respectivo presupuesto, la atención de la población desplazada por la violencia, así como de atender en primer lugar todas las solicitudes de atención humanitaria, constituyendo ésta un título de gasto prevalente sobre las demás obligaciones.